TRASLADAN A MÉXICO A CONTRALMIRANTE INVOLUCRADO EN RED DE HUACHICOL
Fernando Farías Laguna, señalado como pieza clave en una red de contrabando de combustible dentro de la Marina, es trasladado en un avión militar a México luego de ser expulsado por el Gobierno de Argentina.
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El Gobierno de México concretó el traslado aéreo del contralmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina, donde permanecía detenido tras su captura en Buenos Aires el pasado mes de abril. Considerado una figura central en la trama de corrupción por contrabando de combustible ligada a la Secretaría de Marina (Semar), el exmilitar se encuentra bajo custodia de las autoridades mexicanas para responder ante la justicia por delitos de delincuencia organizada y fraude fiscal.
La pronta repatriación del contralmirante fue posible luego de que México desistiera formalmente del procedimiento de extradición, debido a que esta vía diplomática habría demorado meses o años, por lo que el Gobierno de Javier Milei procedió a la expulsión inmediata del marino, quien había ingresado a suelo argentino de manera irregular con un pasaporte falso de Guatemala procedente de Colombia.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la custodia del imputado, mientras que la Semar sostuvo que las acciones individuales bajo investigación no representan los valores del personal naval. Farías Laguna se encontraba prófugo desde octubre, cuando omitió acudir a un citatorio judicial en Almoloya de Juárez. Su retorno coincide además con la presencia del secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, en una conferencia internacional de la DEA en Buenos Aires.
Con este traslado concluye la estrategia de su defensa, que intentaba frenar el proceso mediante una solicitud de asilo y la petición de transferir el caso a la jurisdicción militar. En México, Farías Laguna se unirá al proceso judicial en el que ya está implicado su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, y una quincena de detenidos por la introducción ilegal de hidrocarburos al país. De ser declarados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de entre 20 y 40 años de prisión.